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Exigen diálogo como insumo de ley de justicia transicional

Víctimas y sociedades civiles alertan que Asamblea discute una nueva ley de amnistía. Y piden a los diputados aceptar la ayuda ofrecida por la CIDH.

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Denuncian.  El anteproyecto de ley que estudian los diputados en la Asamblea Legislativa es una nueva ley de amnistía, según sociedad civil y víctimas del conflicto armado. La anterior ley fue declarada inconstitucional el 13 de julio de 2016

Denuncian. El anteproyecto de ley que estudian los diputados en la Asamblea Legislativa es una nueva ley de amnistía, según sociedad civil y víctimas del conflicto armado. La anterior ley fue declarada inconstitucional el 13 de julio de 2016

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Las víctimas no han sanado sus heridas y piden dejar de ser invisibilizadas, dijeron ayer distintas organizaciones de la sociedad civil que conforman la Mesa contra la Impunidad en El Salvador. Además, exigieron a los diputados de la Asamblea Legislativa y al presidente de la república, Nayib Bukele, establecer diálogos y no aprobar una nueva ley de amnistía.

Una de las víctimas del conflicto armado, Rafael Segura, dijo que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, debe promover una ley con las víctimas a través del diálogo. "Las heridas están abiertas, se mantienen así, porque no hemos podido encontrar la verdad", agregó Segura.

El director de Probúsqueda, Eduardo García, además, dijo que para los veteranos del conflicto armado tienen un presupuesto de $52 millones, por lo es "ilógico" dejar a un lado a las personas que han sufrido por esos bandos. "El trasfondo de los tres órganos del Estado es querer pasar la página sin investigar, ni sancionar a los responsables o dar lo mínimo que exigen las víctimas", detalló.

Las organizaciones, además, pidieron a Bukele ordenar la localización y reconstrucción de archivos militares; al fiscal general, Raúl Melara, asumir su rol en las investigaciones y anteponer los intereses de las víctimas. Y al procurador general, Apolonio Tobar, verificar que la ley en discusión sea a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y estándares internacionales de justicia transicional.

Además, Segura pidió a los diputados tomen en cuenta el apoyo ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "La CIDH valora la disposición de la Asamblea Legislativa para recibir cooperación técnica, lamenta que la misma aún no se haya concretado para que pueda ser realizada de forma oportuna y efectiva", se lee en el comunicado emitido por la comisión el 10 de enero pasado. La nueva ley debe ser promulgada antes del 28 de febrero de 2020.

El director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales, explicó que la Asamblea ha realizado simulaciones de consulta, sin una metodología o participación real de las víctimas, por lo que las propuestas carecen de legitimidad. "Han generado cinco borradores con disposiciones de impunidad, para evitar que los condenados por crímenes de guerra y lesa humanidad cumplan penas de prisión", detalló.

Morales agregó que esos borradores tienen disposiciones de los casos con "plazos no razonables" para realizar las investigaciones y no garantizan el financiamiento de esas reparaciones.

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