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Comentarios al proyecto de Ley de Comercio Electrónico

El pasado 31 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley de Comercio Electrónico, una deuda importante en la agenda de leyes relacionadas con el uso de la tecnología; sin embargo, el mismo fue observado por el presidente de la República.

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Uno de los aspectos observados señala la necesidad de que haya armonía con otras normas jurídicas vinculadas y que se aclare cuál sería el ámbito de aplicación de la nueva ley. Al respecto, cabe mencionar que en las respectivas leyes de otros países suele encontrarse un capítulo dedicado a conductas sancionables, así como sus correlativas sanciones. Esto es así porque las normativas incluyen la regulación de todo tipo de contratación electrónica, incluyendo las relaciones entre proveedores y consumidores (B2C), así como las relaciones entre proveedores (B2B).

Sin embargo, en El Salvador ocurría que los ciudadanos presentaban quejas relativas a violaciones de sus derechos de consumidores en el marco de contrataciones electrónicas, y al no existir una ley marco, poco se podía hacer para protegerles. Aquella situación motivó las reformas a la Ley de Protección al Consumidor de 2018, las cuales se referían directamente a conductas y sanciones en esta área del comercio. Por tanto, el proyecto de Ley de Comercio Electrónico quedó cercenado, y es la razón por la que en su art. 5 letra b) se excluye las relaciones de consumo, puesto que las mismas ya fueron debidamente reguladas.

Si bien el proyecto de Ley de Comercio Electrónico podrá referirse, entonces, únicamente a relaciones entre proveedores (B2B), no es completamente cierto que este proyecto no tenga relación alguna con los consumidores, pero el mismo no regula los aspectos sustantivos básicos de la contratación, los cuales quedarían sustentados en las normativas tradicionales –Código Civil y Código de Comercio–. Esta situación demanda la importancia de la interpretación e integración normativa.

Así las cosas, el proyecto de Ley de Comercio Electrónico no puede incluir multas o sanciones, ya que las relaciones económicas entre las empresas tienen una forma de solución de conflictos distinta a la de los consumidores. Tales diferencias serán resueltas por los tribunales comunes o bien por tribunales arbitrales; no es posible, por consecuencia, que tales incumplimientos contractuales sean multados por el Estado, ya que tal situación no ocurre en el comercio tradicional y tampoco debe ocurrir en el comercio electrónico.

Por otra parte, no existe desconexión entre el proyecto de ley y la Ley de Firma Electrónica, si consideramos que, para encontrarnos frente a un contrato, la ley no siempre exige firmas; por el contrario, exige la voluntad contractual, la cual puede o no manifestarse por una firma. Pero en los casos en que la ley exija una firma, como bien señala el art. 8 del proyecto de ley, deberá aplicarse la Ley de Firma Electrónica (vigente desde 2016 pero actualmente inoperante), la cual a su vez excluye de manera expresa las actuaciones que requieran de formalidades y solemnidades especiales. Por lo tanto, el proyecto de Ley de Comercio Electrónico no será aplicable a los actos solemnes.

Las observaciones del presidente pueden ser una oportunidad para hacer algunas aclaraciones legales e incorporar algunas omisiones, pero deberán hacerse de forma técnica y expedita, para no retrasar más la entrada en vigor de esta urgente Ley de Comercio Electrónico.

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  • Ley de Comercio Electrónico
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