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Un repaso al decreto 593 del Estado de Emergencia Nacional por covid-19 revivido por la Sala de lo Constitucional

El Estado de Emergencia contenido en el decreto legislativo 593 vuelve a estar vigente y con ello la Ley Especial para proteger a las personas durante la emergencia nacional covid-19 que prohíbe las detenciones por violar la cuarentena y en su lugar impone multas, así como impide la remisión de vehículos y que personal de Salud tenga derecho de entrar a las viviendas.

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Desde un barrio pobre de la capital de El Salvador, que elevó banderas blancas tras quedarse sin alimentos, los jóvenes Bryan y Victor cantan un rap con rimas que llaman al cuido, a la esperanza y denuncian atropellos en medio de la pandemia de COVID-19. EFE/Rodrigo Sura

Desde un barrio pobre de la capital de El Salvador, que elevó banderas blancas tras quedarse sin alimentos, los jóvenes Bryan y Victor cantan un rap con rimas que llaman al cuido, a la esperanza y denuncian atropellos en medio de la pandemia de COVID-19. EFE/Rodrigo Sura

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reactivó el decreto legislativo 593 con el Estado de Emergencia Nacional, el cual estará vigente hasta el próximo viernes 29 de mayo.

La Sala tomó la decisión al suspender temporalmente el decreto ejecutivo 19 de cuatro artículos con el que el Gobierno había emitido nuevo Estado de Emergencia tras suceder lo mismo con el decreto ejecutivo 18 por demandas de inconstitucionalidad.

Cabe destacar que desde antes el Gobierno ya había intentado emitir Estado de Emergencia con el decreto 12, el 11 de marzo pasado, pero lo derogó al reconocer que invadía facultades de la Asamblea Legislativa.

Entonces el Ejecutivo llevó la solicitud al pleno y los diputados aprobaron el 14 de marzo el decreto legislativo 593, que fue sometido a tres prórrogas más y venció el 16 de mayo cuando ya no admitieron una cuarta prórroga por falta de información sobre el manejo de los fondos durante la pandemia. Es este el que ha vuelto a estar vigente por orden de la Sala. 

 
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El decreto ejecutivo 26 que contiene las "Medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia por covid-19" y que vence el 6 de junio sigue intacto. Este contiene el control de circulación según DUI, suspensión del transporte público y el listado de rubros que pueden trabajar, entre otras cosas.

¿Qué contiene y qué no el 593?

El Estado de Emergencia es totalmente independiente al régimen de excepción. El régimen de excepción que suspendía garantías constitucionales como libertad de circulación, el derecho a no cambiar de domicilio o a reunirse pacíficamente, entre otras, se venció el lunes 13 de abril.

En el 593 no se menciona nada al respecto de la cuarentena domiciliar obligatoria (sin embargo, esta está contenida en el decreto 26 del Gobierno basado en el Código de Salud).

La Sala de lo Constitucional reiteró en sus resoluciones que el decreto 593 con el Estado de Emergencia no da potestad al Gobierno de llevar a confinamiento sanitario forzoso a las personas por el mero hecho de haber violado la cuarentena domiciliar y que solo una tergiversación de su texto llevaría a esa interpretación. Solamente podría aplicarse si la Asamblea Legislativa emite una ley al respecto.

El 30 de abril, la Asamblea emitió una ley que prohíbe las detenciones por violar la cuarentena, la remisión de los vehículos o que personal de salud entre libremente a las viviendas, como lo había ordenado el Gobierno. El presidente Nayib Bukele la vetó cuando la aprobaron por primera vez el 17 de abril pero los diputados superaron el veto con los votos de 56 diputados y fue ratificada.

Esta ley estará vigente mientras dure el Estado de Emergencia. Si revive el 593, también la referida ley.

  

Los puntos principales del decreto 593 con el Estado de Emergencia son los siguientes:

- Se suspenden en todo el sistema educativo nacional, público y privado, las clases y labores académicas.

- Todo el territorio salvadoreño está declarado bajo Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural, lo que le da potestad al Gobierno de hacer compras más ágiles de insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. Se le autoriza al Gobierno y municipalidades hacer contrataciones directas.

- Toda persona deberá limitar su circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, a partir de los cordones sanitarios visiblemente fijados.

- Se limitan las concentraciones de personas, regulando, prohibiendo o suspendiendo toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que represente un riesgo para la salud de los habitantes de la República.

- La Defensoría del Consumidor fijará y modificará los precios máximos para los artículos relacionados a la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia.

- No podrá ser objeto de despido todo trabajador o trabajadora que sea objeto de cuarentena por COVID-19 o todas aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas y tampoco podrán ser objeto de descuento en su salario. La garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido u ordenado la cuarentena correspondiente y se extenderá por tres meses.

- El Ministerio de Salud efectuará la evaluación médica, con el personal debidamente capacitado y protegido, de toda persona sospechosa o confirmada como portadora de COVID-19, o que haya estado expuesta a su contagio, teniendo la atribución para indicarle cuarentena obligatoria conforme a las reglas sanitarias internacionales.

- La Comisión Nacional de Protección Civil tendrá la facultad de limitar o restringir la circulación de personas que puedan ser portadoras del COVID-19, en su ingreso a El Salvador y dentro del territorio nacional, a efecto de que reciban obligatoriamente el tratamiento correspondiente.

- Los centros de cuarentena deberán contar con infraestructura, servicios y condiciones sanitarias adecuadas para la salud física y mental de los confinados.

- Las cuarentenas ordenadas por la pandemia de COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común, previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad del trabajador en cuarentena.

- Todos los profesionales de Salud así como las personas que se dediquen a labores administrativas o de servicios generales, deberán prestar sus servicios personales, con carácter ad honorem, en las instituciones públicas que de manera directa o indirecta se relacionen con la emergencia, cuando les sea requerido.

- Queda habilitada la administración pública para suspender las labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre que por la naturaleza del servicio que se presta en cada institución no se considere vital.

- Se suspenden por el plazo de 15 días los términos y plazos legales concedidos a los particulares y a los entes de la Administración Pública en los procedimientos administrativos y judiciales en que participan. Las personas adultas mayores no estarán obligadas a la comparecencia de Ley para el goce de su pensión. Se excluye la materia penal, procesal penal y electoral.

- El Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial rendirá los informes detallados y relacionados al Decreto, cada 15 días al Órgano Legislativo. También, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, deberán de informar detalladamente a la Asamblea Legislativa en los mismos plazos, sobre las distintas actividades realizadas en el marco de este Decreto.

- Se autoriza al Ministerio de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos financieros de aquellas entidades u organismos multilaterales, cooperantes, países amigos o agencias de cooperación, que hayan requerido de la citada declaratoria para acceder a estos recursos.

- Mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, se podrá contar con el personal necesario para atender las necesidades vitales del Estado y de esta forma, permitir que la cadena de suministros funcione adecuadamente, para evitar desabastecimientos de todo tipo de bienes y servicios.

- Las transferencias de asignaciones presupuestarias entre distintas instituciones del sector público no financiero, con el propósito de atender oportunamente las necesidades generadas por el Estado de Emergencia Nacional serán conocidas con carácter de urgencia por la Asamblea Legislativa.

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