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Lo que hay que asegurar a toda costa en las actuales circunstancias es que la imagen del país no se siga deteriorando

Lo primero que habría que salvaguardar en este preciso momento es la estabilidad plena del aparato público, dentro de lo que establece la Constitución de la República.

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Lo acontecido el pasado domingo 9 de febrero en la Asamblea Legislativa es una muestra dramática y alarmante de lo que puede ocurrir cuando los impulsos pasionales sustituyen al ejercicio de la razón en los más altos niveles de la gestión pública. Aunque se ha hablado de intento de Golpe de Estado, en verdad lo que ahí se puso en evidencia, por primera vez en nuestro desenvolvimiento democrático, fue el arrebato de querer lograr por fuerza intimidatoria lo que se debe conseguir por la vía de la estrategia política. Y el hecho de que tal intención tan desafortunada y censurable fallara casi de inmediato es una señal que todos debemos asumir en lo que corresponde, para lograr superar cuanto antes los daños generados por dicho desaguisado, sobre todo en lo que a la imagen del país se refiere.

Como se sabe por experiencia reiterada a lo largo del tiempo, en todas las circunstancias imaginables, construir es difícil y socavar es muy fácil. El Salvador ha venido construyendo un nuevo perfil de país en el curso de la posguerra, y lo más consistente de dicha construcción se centra en la clara estabilidad de su esquema de organización política. Desde 1992 se dieron elecciones sucesivas, todas ellas dentro de la más estricta normalidad, y en 2019 se produjo la elección presidencial que trascendió la alternancia de los partidos tradicionales. Llegó un gobernante de nuevo estilo, que hizo despertar expectativas de apertura dentro de un mundo cada vez más ansioso de renovaciones innovadoras. Esto empezó a abrir para el país espacios internacionales que hasta hace poco parecían inabordables.

Las acciones desajustadas y rupturistas que se escenificaron la mañana del pasado domingo en la Asamblea Legislativa y en sus alrededores le dieron un golpe alevoso a lo que venía empezando a manifestarse como alentadora apertura de perspectivas. En unas pocas horas se graficó en el terreno la irresponsabilidad de las reacciones gubernamentales ante un desacuerdo por la dificultad de conseguir la aprobación de un crédito para seguridad en la Asamblea Legislativa, con el inmediato efecto de que en el exterior se empezó a desatar una ola de desconfianza sobre el proceder gubernamental, poniendo en vilo la imagen nacional, que tanto importa para el progreso del país en todos los sentidos.

Lo primero que habría que salvaguardar en este preciso momento es la estabilidad plena del aparato público, dentro de lo que establece la Constitución de la República y en plena consonancia con la naturaleza del dinamismo democrático. Los ecos de lo ocurrido el pasado domingo no se van a extinguir fácilmente, y eso hay que tenerlo en debida cuenta para impulsar una especie de compromiso nacional de nuevo cuño, en el que todas las fuerzas nacionales pongan lo suyo a cabalidad, comenzando por las fuerzas gubernamentales. Hay que evitar a toda costa golpes de efecto tan nocivos como el del 9 de febrero. Lo que debe imperar es la disciplina política, que no es cuestión de ideologías ni de temperamentos, sino norma esencial para que el sistema en su conjunto vaya saliendo adelante, con la mayor ejemplaridad posible.

Una gesticulación mal hecha o un arrebato mal administrado pueden producir consecuencias incalculables y hasta irreversibles. Tengámoslo claro todos, comenzando por aquellos que han asumido la responsabilidad histórica de la conducción nacional, de cuya buena marcha depende el futuro de los salvadoreños en general, independientemente de las diferencias normales que puedan estar siempre presentes.

Y esperemos que de aquí en adelante la racionalidad pueda ocupar el puesto que le corresponde dentro de un ejercicio político, social y económico que sirva para integrar voluntades en vez de dedicarse a todo lo contrario.

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  • Asamblea
  • elecciones
  • estabilidad
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